Las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales
constituimos uno de los pilares básicos de nuestro Estado social
y democrático de Derecho.
Las organizaciones sindicales tenemos reconocida nuestra
función social en la Constitución de 1978, igual que la
tienen los partidos políticos y otro tipo de entidades de
diverso signo. El artículo 7 reconoce nuestra contribución
a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales que nos son propios. Este reconocimiento no es
casual ni un acto arbitrario por parte de quienes redactaron
la Carta Magna. Antes al contrario, se trata de un
reconocimiento del papel que jugamos como representantes
del interés general dentro del entramado institucional,
que contribuye a garantizar el funcionamiento del
modelo de economía social y de mercado que define la
Constitución.
el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes
de los trabajadores y empresarios. Además
el art 129.1 establece nuestro papel como representantes
institucionales de determinadas categorías o grupos de
personas, el derecho a la participación en la Seguridad
Social y en la actividad de los organismos públicos, cuya
función afecte directamente a la calidad de vida o al
bienestar general. Por otro lado, el artículo 131.2 nos
Aquellos que cuestionan la
función de los sindicatos, están
cuestionando el papel que la
propia Constitución les otorga
encomienda una tarea de asesoramiento y colaboración
en la planificación económica del Gobierno.
Del reconocimiento de las organizaciones sindicales y su
papel establecido constituicionalmente se desprenden
amplias tareas de representación y de acción sindical,
que no sólo se dirigen hacia las personas afiliadas a las
mismas sino que tienen una eficacia y alcance general.
Luego cuando algunos cuestionan nuestra función lo que
están cuestionando es el papel que la propia Constitución
nos otorga, y con ello la libertad sindical y nuestra capacidad
de representación.
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