El sistema político legitima a todos los sindicatos para
ejercer aquellos derechos, que estando asociados individualmente
a los trabajadores, son de necesario ejercicio
colectivo, siendo consideradas por tanto, las actividades
que realizan las organizaciones sindicales, de interés general,
motivo por el cual las leyes de los Presupuestos
Generales del Estado contemplan dotaciones presupuestarias
específicas para subvencionar estas actividades
con el fin de crear el marco y las condiciones necesarias
para que el ejercicio del derecho a la libertad sindical sea
efectivo.
Los sindicatos recibimos
financiación, al igual que las
formaciones políticas y sociales,
para desarrollar la responsabilidad
que tenemos atribuida
Nuestra financiación tiene que ver, en primer lugar, con
nuestra afiliación. En segundo lugar, porque somos la
fuerza sindical más votada de este país. En tercer lugar,
porque negociamos convenios colectivos y acuerdos que
afectan a casi la totalidad de la población asalariada.
Por último, porque ejercemos una representación institucional
de los trabajadores y trabajadoras de este país, en
defensa de los intereses económicos y sociales que nos
son propios, tal y como está previsto en la Constitución.
En relación a lo anterior, los sindicatos recibimos financiación,
al igual que el resto de formaciones políticas y
sociales, para facilitar que desarrollemos la responsabilidad
que tenemos atribuida. En nuestro caso, sobre todo,
la negociación colectiva. Hay que tener en cuenta que
CCOO participa anualmente en la negociación y firma
de casi 4.000 convenios colectivos, que regulan las condiciones
de trabajo de más de 11 millones de personas,
y que se aplican no sólo a los trabajadores afiliados sino
a todos ellos, independientemente de que estén afiliados
o no.
En el sistema español de relaciones laborales, prevalece
el principio de representación sobre el de afiliación, de
manera que los sindicatos prestamos servicio y realizamos
acción sindical dirigida no sólo a nuestros afiliados sino
también a los no afiliados, otorgando un valor político
de reconocimiento del papel de los representantes y su
función social,
Este principio de representación está legislado a través
de procesos electorales regulados y controlados públicamente,
lo que supone un aspecto diferencial con respecto
a lo que sucede con las representaciones empresariales,
y establece el principio de “mayor representatividad” a
nivel global, sectorial y territorial como eje para la participación
institucional y en la negociación colectiva.
Cada cuatro años, los sindicatos
pasan por las urnas, y son los
trabajadores con su voto, quienes
deciden su representatividad
Este principio de representación está legislado a través
de procesos electorales regulados y controlados públicamente,
lo que supone un aspecto diferencial con respecto
a lo que sucede con las representaciones empresariales,
y establece el principio de “mayor representatividad” a
nivel global, sectorial y territorial como eje para la participación
institucional y en la negociación colectiva.
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